Por los derechos de las mujeres. El último lunes, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, afirmó que se mantiene una agenda pendiente a favor de las mujeres y expresó la necesidad de implementar políticas públicas para obtener la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Vega también señaló que, en materia de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia, existe un alto grado de tolerancia –el que aún persiste y no cambia- que se refleja en las penas que reciben los procesados y en las bajas indemnizaciones que se determinan.

LaMula.pe conversó con la Adjunta para los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés, quien señaló que la Defensoría del Pueblo propone una política pública basada en tres líneas de acción, en las que han trabajado: violencia contra la mujer, salud e igualdad de oportunidades.

En el documento presentado por Garcés sobre los derechos de la mujer y la agenda pendiente que tiene este organismo, se indica que en las últimas décadas se ha producido un importante avance en el reconocimiento normativo de los derechos de las mujeres, así como en el diseño de políticas y el establecimiento de instituciones específicamente dedicadas a su protección. Sin embargo, aún existen barreras que limitan el ejercicio de sus derechos fundamentales, que afectan su libre desarrollo y dignidad en condiciones de igualdad.

Sobre los CEM

Carolina Garcés comentó a LaMula.pe que de los Centro Emergencia Mujer (CEM) que existen y que estudiaron, el 82% no contaba con lugares para niños cuando la mayoría de las personas que acuden a este servicio son mujeres que tienen niños, pues se encuentran en una edad reproductiva. Asimismo, en el estudio se encontró que solo el 43.8% del personal a cargo de la prestación del servicio cuenta con un contrato de trabajo que garantice la estabilidad y continuidad de los y las profesionales a cargo de la atención.

En marzo de 1999, el entonces Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano inauguró el primer Centro Emergencia Mujer bajo la premisa de crear un sistema de atención integral multisectorial que permitiera disminuir los índices de violencia mediante una atención especializada, ágil, óptima, cálida y eficiente de las víctimas.

Dada la importancia de la provisión de este tipo de servicios en nuestro país, la Defensoría del Pueblo asumió la tarea de supervisar la calidad de la atención en los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Actualmente, la sostenibilidad de estos constituye un asunto de gran preocupación, teniendo en cuenta el proceso de transferencia de 60 de ellos a 52 municipalidades provinciales a nivel nacional, el cual se declaró concluido mediante Decreto Supremo N° 010-2011-MIMDES, del 7 de julio de 2011.

Garcés señaló que de estos servicios de protección social transferidos a los gobiernos locales –entre los que se encuentran los CEM- el Poder Ejecutivo advirtió que se encontraban en una situación crítica en cuanto a la calidad, eficacia de las prestaciones y actividades ejecutadas. Por este motivo, mediante Decreto de Urgencia N° 003-2012 se ha declarado la suspensión del proceso de transferencia, encargando al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual la provisión de los servicios de prevención, atención y apoyo a las víctimas de violencia familiar y sexual a través de los mismos Centros de Emergencia Mujer hasta el 30 de junio del 2012.

Feminicidios: cifras preocupantes

El feminicidio constituye la más grave expresión de violencia contra la mujer, y suele ser la consecuencia última de una larga experiencia tolerada por las víctimas. Sobre esto, Carolina Garcés, afirmó que preocupa que se haya identificado durante la investigación que no se toman en cuenta los hechos de violencia ni las denuncias previas interpuestas por la víctima, elementos que podrían constituir indicios de la responsabilidad del denunciado. Ello se debe entre otras razones, a la falta de un registro único de víctimas de violencia. Asimismo, se constató la aplicación de penas inferiores a las establecidas en el Código Penal debido a una "incorrecta admisión de la confesión sincera del procesado".

De acuerdo al registro entre 2009 y 2011 se han registrado 530 feminicidios, y es preocupante esta cifra por razones de género, y más aún que en el 82% de estos casos hubo hechos de violencia previos, es decir, pudieron haber sido evitados con una denuncia.

De igual manera, afirmó que la Defensoría del Pueblo, está buscando que se “elimine la conciliación en el tema de violencia familiar” y de esa forma sensibilizar a los magistrados y magistradas en temas de feminicidio y violencia contra la mujer porque “corresponde a concepciones o estereotipos que tengan los jueces sobre el tema de género”.